El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, y el presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, el profesor Juan José Badiola, han mantenido hoy una reunión de trabajo para contribuir al desarrollo normativo de la Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León. El año pasado se realizaron en la comunidad 115.000 controles a 40.000 establecimientos y 8.000 industrias.


Este encuentro tiene como principal finalidad estrechar la colaboración entre la Consejería de Sanidad y el Consejo General de Veterinarios de España, con el fin de contribuir al desarrollo normativo de la Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León y también la normativa nacional de aplicación en materia reordenación de las profesiones sanitarias, de seguridad alimentaria y nutrición y de salud pública.



Además, se colaborará en la promoción y el impulso de los servicios veterinarios de salud pública, para potenciar así las medidas de prevención y de protección de la salud, y en consecuencia contribuir a mantener y mejorar la salud de la población y también a evitar que enferme.



En la reunión de hoy se ha acordado que el presidente del Consejo General de Veterinarios de España, que ya participó en el Comité de Crisis de la Pandemia de la Gripe A de Castilla y León, forme parte del Gabinete de Crisis de Salud Pública y del Comité de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.



La veterinaria en Castilla y León contribuye a preservar la salud pública a través, sobre todo, de tres líneas de trabajo fundamentales:



La primera, garantizar la inocuidad de los alimentos, protegiendo a los consumidores de sus potenciales riesgos. Los servicios veterinarios actúan a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la granja hasta la maesa, en la etapa de la producción en la granja, durante su transformación (mataderos, industria alimentaria...) e incluso en su transporte y distribución.



En segundo lugar, controlar las enfermedades transmisibles, pues actualmente el 60% de los patógenos humanos son de origen animal y el 75% de las enfermedades animales pueden transmitirse al hombre.



Y por último, defender el bienestar animal, ya que la protección animal requiere un control de las condiciones legalmente establecidas en la producción, transporte y sacrificio de los animales; los servicios veterinarios son los profesionales más cualificados para preparar esa legislación y para velar por su aplicación.



Para desarrollar estas labores, Castilla y León cuenta hoy con 636 inspectores de los que 543 son veterinarios y 93 farmacéuticos. A lo largo de 2011 se inspeccionaron 40.000 establecimientos y cerca de 8.000 industrias, y se realizaron en torno a 115.000 visitas de control. Además, a lo largo del pasado año se sacrificaron e inspeccionaron 69.090.499 cabezas de ganado en la comunidad. Hay que recordar también que estos profesionales trabajan en colaboración con los veterinarios dependientes de la Consejería de Agricultura.


Este ámbito de actuación ha demostrado ser el más eficiente en salud, tanto en términos económicos como en indicadores sanitarios, con el bienestar que ello implica. Dicho de otro modo, contribuye a evitar la enfermedad, con los beneficios sociales y económicos consecuentes, lo que resulta especialmente relevante por su aportación a la sostenibilidad del sistema asistencial.