Institución

La Junta de Castilla y León ha desarrollado, durante el pasado mes de junio, una campaña de control del etiquetado y de la composición de productos alimenticios con organismos modificados genéticamente.

Esta actuación de la Consejería de Sanidad forma parte de una campaña nacional, diseñada entre las Comunidades autónomas españolas y la Administración central del Estado y en la que intervinieron, además de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña.

Durante su labor, los inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Consumo del Gobierno regional han centrado su actuación en cualquier preparado alimenticio que consista en un organismo modificado genéticamente, en una combinación de los mismos o que los contenga y que sean comercializados.

Esta iniciativa ha tenido como principal foco de atención los alimentos con soja y para ello, se han visitado 43 establecimientos, entre almacenistas, envasadores o importadores, así como los de venta al consumidor de estos productos en la región.

Esta campaña de control de mercado de la Junta de verificación del etiquetado se ha complementado con otra actuación de la Inspección de Consumo referida a la toma de muestras de estos productos, para su remisión al correspondiente laboratorio oficial, al objeto de que se analice su composición.

Se han inspeccionado dieciséis productos, comprobándose la escasa existencia de organismos modificados genéticamente en los alimentos inspeccionados.

Respecto a las decisiones adoptadas en las 80 actuaciones realizadas, en 49 de ellas se ha tomado la decisión de archivo, por no apreciarse infracción alguna a la normativa vigente; en dieciocho ocasiones, la decisión ha sido de apercibimiento, al tratarse de infracciones de escasa entidad, que no exigen la inmediata incoación de un expediente sancionador, bastando con una advertencia por escrito para que se rectifiquen y subsanen las deficiencias encontradas, lo cual será verificado, en posteriores visitas, por la Inspección de Consumo; diez veces se adoptó la decisión de comunicación a otros Organismos competentes por razón territorial; y, por último, se han iniciado tres expedientes sancionadores.