Institución

La Junta de Castilla y León ha decidido recurrir el Decreto aprobado recientemente por el Gobierno de la Nación, por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión sanitaria.

Este recurso del Gobierno autonómico castellano y leonés se fundamenta en que el Real Decreto 1.207/2006, de 20 de octubre, por el que se establece una nueva regulación del Fondo de Cohesión sanitaria, no contribuye a desarrollar los principios de igualdad y equidad en el Sistema Nacional de Salud, ni tampoco garantiza la igualdad en el acceso por parte de todos los ciudadanos a las prestaciones sanitarias públicas.

La Ley General de Sanidad señala, en su artículo 3.3 que "la política de Salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales", idea en la que ahonda el artículo segundo de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, cuando recoge, dentro de sus principios generales, "la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad".

En este sentido, el Fondo de Cohesión sanitaria se dirigía "a garantizar la igualdad de acceso a los Servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español" y le correspondía al Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de este Fondo, la realización de políticas que asegurasen esa cohesión sanitaria, la igualdad de acceso a la Sanidad en todo el territorio y la corrección de los desequilibrios y las desigualdades.

El Real Decreto, aprobado por el Gobierno de la Nación para la nueva regulación del Fondo de Cohesión sanitaria se plantea compensar a las Comunidades autónomas por el coste de la asistencia sanitaria de acuerdo con siguientes parámetros: pacientes derivados entre CC.AA.; pacientes desplazados en estancia temporal en España con derecho a la asistencia con cargo a otro Estado; y pacientes derivados a servicios de referencia.

Así, el Ministerio de Sanidad y Consumo no tiene en cuenta las diferentes características de las regiones españolas y las circunstancias que, en cada una de ellas, dificultan la igualdad del acceso a los servicios sanitarios de sus ciudadanos.

En Castilla y León, la Junta, siguiendo las recomendaciones emanadas por el grupo de expertos creado en el seno del Consejo Regional de Salud, había planteado la necesidad de considerar las condiciones sociodemográficas de la población castellana y leonesa, en concreto el envejecimiento y la dispersión, como factores que determinan el gasta sanitario en la región.

Lejos de ello, el Gobierno de la Nación no ha considerado esta realidad en el Fondo de Cohesión sanitaria, lo que ha movido a la Junta de Castilla y León a recurrir el Real Decreto que regula este mecanismo financiero, planteado en su momento como un instrumento de primera magnitud para mitigar las desigualdades territoriales, para lo que debe de tener en cuenta factores el envejecimiento y la despoblación que afectan a la Comunidad autónoma castellana y leonesa.

Además, incluso, de no tener en cuenta estas especiales características poblacionales, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el pasado 17 de noviembre, ha presentado a la Comisión de seguimiento del Fondo de Cohesión sanitaria, de acuerdo con los criterios establecidos por este nuevo Real Decreto, las cifras correspondientes al reparto de 99 millones de euros entre las Comunidades autónomas, resultando que la asignación a Castilla y león desde este Fondo ha sido de cero euros.

De esta forma, el Gobierno de la Nación, lejos de corregir desequilibrios, ha perjudicado aún más a nuestra Comunidad, que ya en 2005 recibió sólo 260.000 euros, el 0,52% de los 50 millones previstos entonces en el Fondo de Cohesión sanitaria, situación más sangrante aún si cabe en este año, con cero euros destinados a Castilla y León sobre un total nacional de 99 millones.