Institución

• La comparativa entre los datos de 2010 y de 2011 cifra en un 18,7 % el incremento de las personas que han accedido al servicio de deshabituación tabáquica de SACYL
  

  
  
• Sanidad ha acumulado, a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo del presente ejercicio, casi 3.600 inspecciones relacionadas con la aplicación de la legislación vigente en materia reguladora y de control sobre el consumo, la venta, el suministro y la publicidad del tabaco, con 121 expedientes tramitados y 33 sanciones incoadas en Castilla y León durante ese período

Un total de 11.350 nuevos pacientes -5.799 mujeres y 5.551 hombres- han iniciado durante el primer trimestre de 2011 el tratamiento para dejar de fumar en Castilla y León por medio de los servicios de deshabituación tabáquica que SACYL ofrece a los ciudadanos de la Comunidad en la cartera de servicios de Atención Primaria.

Esta cifra es un 18,7 % mayor respecto a las 9.558 personas -4.638 mujeres y 4.920 hombres- que, durante los meses de enero, febrero y mazo de 2010, solicitaron esta prestación asistencial con el objetivo de abandonar el hábito tabáquico.

Por áreas de salud castellanas y leonesas, las personas que han accedido a lo largo de los tres primeros meses de 2011 al servicio de deshabituación tabáquica se reparten de la siguiente manera: Área de Salud de ÁVILA, 195 (93 mujeres y 102 hombres); BURGOS, 609 (282 y 327); LEÓN, 2.085 (1.015 y 1.070); EL BIERZO, 826 (356 y 470); PALENCIA, 415 (180 y 235); SALAMANCA, 1.762 (842 y 920); SEGOVIA, 1.621 (1.107 y 514); SORIA, 775 (411 y 364); VALLADOLID ESTE, 1.049 (515 y 534); VALLADOLID OESTE, 1.665 (865 y 800); y ZAMORA, 348 (133 y 215)

Fumar está directamente relacionado con el desarrollo de procesos cancerígenos de muy diversa índole y con la mortalidad a ellos asociada, generalmente elevada, además de con otras enfermedades cardíacas y respiratorias que no sólo ocupan los puestos más altos en cuanto a causas de muerte en España y en los países de su entorno, sino que menoscaban muy seriamente la calidad de vida de las personas que las sufren.

Por ello, el tabaquismo es uno de los principales problemas de salud pública en las sociedades avanzadas, siendo además una gran carga asistencial en los servicios sanitarios, con el importante coste económico que conlleva y que afecta a la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Desde la responsabilidad sanitaria, cualquier medida que reduzca la incidencia del tabaquismo y permita limitar conductas que favorezcan la acción social de fumar no pueden ser más que apoyada, en beneficio del conjunto de la sociedad y de cada uno de los ciudadanos y su salud.

BALANCE PRIMER TRIMESTRE

El incremento de actividad en los servicios de deshabituación tabáquica de SACYL coincide con la aplicación, tras la modificación de la Ley 28/2005, de la nueva legislación nacional sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y que entró en vigor a principios de enero del presente año 2011, centrándose los cambios que introduce la Ley 42/2010 principalmente en la prohibición de fumar en establecimientos públicos cerrados y en cualquier ámbito laboral.

La Junta de Castilla y León han mantenido durante este primer trimestre de 2011 la labor inspectora que ya venía ejecutando desde la entrada en vigor de la Ley 28/2005 y del Decreto 52/2006 referido a la regulación y al control de las actividades relacionadas con el tabaquismo en la Comunidad castellana y leonesa.

Los datos referidos a los meses de enero, febrero y marzo de 2011 indican que en la Comunidad, los inspectores de los nueve servicios territoriales de Sanidad han cursado un total de 3.587 inspecciones, lo que han dado lugar a la tramitación de 121 expedientes y a la incoación de 33 sanciones a lo largo de este primer trimestre.

Las actuaciones inspectoras de la Junta en relación con el tabaco se realizan desde una doble motivación: por un lado, dar respuesta a las denuncias presentadas ante los correspondientes órganos competentes; y por otro, desarrollar el plan de inspección y control que la Dirección General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación y la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León pusieron en su momento en marcha conjuntamente y que supone que los distintos servicios territoriales, a través de los inspectores de Sanidad, cumplen con un número mensualmente previsto de visitas a establecimientos de distinta índole, durante las cuales se comprueba el cumplimiento de la legislación vigente.

En ambos casos, los inspectores de la Junta realizan la oportuna acta, en la que se informa de las posibles deficiencias y, en su caso, puede dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador que, dependiendo de los aspectos incumplidos, originará sanciones leves, graves y muy graves, cuya órgano sancionador y cuantía está estipulado por la normativa vigente, quedando siempre la opción del recurso ante la vía contencioso-administrativa.