El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, ha firmado hoy con los sindicatos representativos del sector el pacto que servirá como base para desarrollar el Plan integral frente a las agresiones al personal sanitario en la Comunidad autónoma castellana y leonesa.

El acuerdo, que ha sido suscrito por las organizaciones sindicales CEMSATSE, UGT, CSI-CSIF y SAE-USCAL, tiene como base el convencimiento de que es necesario proteger a los profesionales frente a las agresiones, para garantizar la continuidad de la actividad en los Centros y fomentar una cultura de seguridad y prevención en el lugar de trabajo.

Los objetivos específicos del pacto son los siguientes:

  • Evaluación del riesgo de agresión, análisis y estudio de las situaciones y lugares con mayor incidencia y potencialidad de agresión. Puesta en marcha de medidas preventivas y de protección a los trabajadores con los medios materiales y humanos disponibles.

  • Desarrollar procedimientos de prevención del riesgo de agresión y trasmitir pautas de actuación concretas en el supuesto de incidentes.

  • Garantizar al personal agredido asistencia sanitaria, asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, apoyo psicológico.

  • Tratamiento e investigación de la agresión por los servicios de prevención de riesgos laborales.

  • Generar seguridad y confianza en los profesionales de la Gerencia Regional de Salud.

Para poder conseguir estos objetivos se van a poner en marcha una serie de actuaciones concretas:

1. Análisis y estudio por parte de los Servicios de prevención de riesgos laborales de los lugares de trabajo de la Gerencia Regional de Salud con mayores riesgos de agresión, con medidas como:

    • Detección de los puntos críticos en centros e instituciones con mayor incidencia del riesgo de agresión.

    • Evaluación inmediata del riesgo de agresión en todos los centros de trabajo.

2. Actuaciones preventivas frente al riesgo de agresión.

    • Estudio, elección e implantación de medidas de seguridad pasivas (alarmas, videocámaras) y activas.

    • Acciones de formación.

    • Campañas de concienciación y sensibilización.

    • Medidas organizativas.

3. Actuaciones posteriores a la agresión, que se considerará como accidente de trabajo:

    • Asistencia sanitaria preferente y apoyo psicológico inmediato, en su caso, al profesional.

    • Acciones de asesoramiento y defensa jurídica: los servicios jurídicos de la Junta asumirán la asistencia judicial tanto civil como penal.

    • Relaciones con otras instituciones: se solicitará formalmente a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia la consideración de las agresiones objeto de este Pacto como delito de atentado contra el funcionario público.

    • Estudio de acciones sancionadoras contra el agresor.

    • Registro y notificación del accidente.

4. Seguimiento de las actuacionesdesarrolladas frente a las agresiones:

    • Se llevará a cabo por el Comité intercentros de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León.

    • Se pondrá en marcha el Observatorio de las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud.

    • Puesta en marcha del registro informático de agresiones, que permitirá elaborar un mapa para poder tomar las medidas correspondientes.