Institución

• Si se confirman los hechos investigados por la Audiencia Nacional, éstos tendrían la calificación de delito, por lo que no habría otra vía que la penal, quedando inmediatamente eliminada la opción administrativa
  
  

• La existencia de una presunta estafa provoca que el ámbito competencial se circunscriba a la Administración del Estado, sin perjuicio de que la Junta haya potenciado los cauces y mecanismos oportunos para asesorar a las personas afectadas sobre sus derechos
  
  

• Las competencias administrativas propias de la Comunidad autónoma estarían más relacionadas con la información al cliente y con los contenidos de los contratos
  
  

• Se recomienda a los afectados seguir las instrucciones facilitadas por la Audiencia Nacional
  
  
  
  

La Junta de Castilla y León, ante la situación planteada tras los registros e intervenciones judiciales desarrollados, por orden de la Audiencia Nacional, en las sedes de las entidades "Fórum Filatélico" y "AFINSA", quiere informar y aclarar los siguientes aspectos de esta situación:

• Hasta estos momentos, no se ha facilitado información oficial, por parte de la Administración central del Estado, sobre las actuaciones que se están llevando a cabo y de las características de los hechos investigados.
  
  

• Si se confirman las características de los hechos investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante una figura delictiva tipificada por el Código Penal, susceptible de acciones correspondientes a la Administración de Justicia y no por la vía administrativa. Es más, las actuaciones administrativas de competencia autonómica estarían, en todo caso, relacionadas con la información que se facilita al cliente y con los contenidos de los contratos, pero en ningún caso con la instrucción de presuntos delitos penales
  
  

• En lo referido a las competencias de Consumo, el Instituto Nacional de Consumo, como órgano competente en la coordinación de las distintas campañas nacionales de control de mercado, nunca ha propuesto a las Comunidades autónomas campañas de control referidas a este tipo de empresas.Por otra parte, tampoco se ha tenido constancia de demandas, quejas o reclamaciones presentadas anteriormente en Castilla y León. En lo referido al control de las auditorias de estas empresas, alguna asociación de consumidores ha reclamado la remisión de dichas auditorias al Ministerio de Sanidad y Consumo, sin que éste, a través de sus organismos competentes, haya dado respuesta a estas peticiones.En todo caso, el control judicial, financiero y tributario de las actividades presuntamente delictivas de estas empresas le corresponde a la Administración central del Estado, a través de sus Departamentos competentes y escapa al ámbito competencial autonómico de Consumo.
  
  

• El Ministerio de Sanidad y Consumo ha convocado a las Comunidades autónomas españolas, mañana, jueves, día 11, en la sede del Instituto Nacional de Consumo, en Madrid, a una reunión extraordinaria de la Comisión de Cooperación de Consumo, al objeto de estudiar las posibles repercusiones en este ámbito, compartir la información disponible y establecer en su caso las medidas que se consideren oportunas.
  
  

• Por parte de la Dirección General de Salud Pública y Consumo se ha remitido a lo largo de la mañana hoy información y orientación, sobre las actuaciones a seguir, a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y a las Secciones de Consumo de las nueve provincias, recogiendo, básicamente las recomendaciones efectuadas por la Audiencia Nacional, que son las siguientes:
  
  

  • Que se espere la evolución de la investigación abierta por los Juzgados Centrales de Instrucción números uno y cinco, antes de presentar las denuncias por el perjuicio económico que hayan podido sufrir.
    
    

  • Que, de confirmarse la existencia de delito, éste no prescribe, por lo que los afectados dispondrán de tiempo para presentar sus reclamaciones más adelante.
    
    

  • Al existir afectados en toda España, previsiblemente los jueces que instruyen la investigación, harán, si se apreciare un delito de estafa, en los próximos días un ofrecimiento público de acciones, a través de edictos o anuncios insertados en prensa, para que todos los perjudicados puedan personarse, sean informados de sus derechos y de los pasos que deben seguir judicialmente.
    
    

  • Las personas perjudicadas pueden asociarse, porque estar representadas por una asociación, abarata los trámites de representación ante un juzgado, al compartir abogado y procurador.
    

• A lo largo de la mañana, la Junta de Castilla y León ha contactado con las principales Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y León, a fin de recabar su disposición a canalizar las reclamaciones que pudieran presentarse y a establecer posibles fórmulas de colaboración.
  
  

• Respecto a la solicitud de información por parte de las personas afectadas, se recomienda acudir a las O.M.I.C.s más cercanas, a las Secciones de Consumo de las capitales de provincia, a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, o bien, utilizar teléfono de información al consumidor de la Junta, el 902 47 77 47.