Ciudadanos

El pasado día 4 de Junio de 2016, se celebró en España el día mundial contra la falsificación.

Debido al riesgo que puede suponer la utilización de medicamentos falsificados, las autoridades sanitarias de todo el mundo desarrollan iniciativas frente a esta cuestión. El 1 de Enero de 2016 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, también denominado "convención Medicrime", que España firmó el 8 de Octubre de 2012 y confirmó el 5 de Agosto de 2013. Este documento contra la falsificación de medicamentos y productos sanitarios supone la aplicación de un instrumento internacional centrado en aspectos relacionados con la prevención, la protección de las víctimas, la promoción de la cooperación nacional e internacional y la inclusión en el derecho penal de los delitos relacionados con la falsificación de productos médicos que supongan una amenaza para la salud.

En el caso de España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desde el año 2008, ha venido coordinando una serie de estrategias frente a los medicamentos falsificados, cuyo fin es proteger a los pacientes frente a los riesgos del consumo de los mismos. Existe un trabajo multidisciplinar y consensuado de todos los sectores implicados.

Actualmente está en vigor la Estrategia frente a medicamentos falsificados 2016-2019, en la que se da continuidad a algunas de las actuaciones anteriores y se incorporan entre otras la mejora de la puesta en marcha en 2019 de un sistema de dispositivos de seguridad que permitirá la verificación de la autenticidad e integridad de cada envase de medicamento antes de su dispensación a los pacientes. Además, se incide en la concienciación ciudadana frente a la venta ilegal de medicamentos a través de internet como vía principal de adquisición de fármacos falsificados. Esta estrategia abarcará un periodo de 4 años.

Se ponen en marcha una serie de medidas efectivas para la lucha contra los medicamentos falsificados que se desprenden de dicha estrategia:

1. Controlar la entrada, salida y distribución de medicamentos falsificados en el canal farmacéutico.

2. Establecer un sistema de vigilancia e investigación para detectar medicamentos falsificados.

3. Retirar de forma inmediata los medicamentos falsificados.

4. Combatir la venta ilegal de medicamentos.

5. Concienciar a los consumidores sobre los riesgos asocia­dos al consumo de medicamentos falsificados e ilegales, así como de los suministrados ilegalmente al público.

Se utilizarán varios indicadores para garantizar el cumplimiento de esta estrategia, tales como formación sobre medicamentos falsificados, sospecha de los mismos, utilización de transmisión de alertas a las redes internacionales, actuaciones con otros agentes implicados, investigación de páginas web sospechosas, comunicación de robos, campañas informativas dirigidas a los ciudadanos, entre otras.

Los únicos puntos legalmente autorizados en España para la venta de medicamentos son las oficinas de farmacia. Además, desde Julio de 2015 se ha autorizado la venta de medicamentos por internet, pero limitada a los que no necesitan receta médica, y sólo a través de las páginas web de farmacias habilitadas para ello. Dichas webs aparecen recogidas en la página Distafarma, creada por la AEMPS en colaboración con las comunidades autónomas, y desde la que se puede garantizar la legalidad y autenticidad de los productos (para poder obtener la autorización para vender por internet, las farmacias tienen que cumplir una serie de requisitos, que aumentan las garantías, como que la web dependa de una farmacia autorizada o que el responsable de su control sea un farmacéutico). Se ha implantado además un logotipo común para identificar a todas las farmacias europeas autorizadas para realizar este tipo de venta.

Además, existe un marco legal administrativo apropiado, que controla todas las etapas desde la fabricación del medicamento hasta su entrega a los pacientes, así como las tareas de supervisión que llevan a cabo la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.